La NTC 5808 la define como “200 palabras  en español” para efectos judiciales.

La apostilla es la legalización de la firma de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, firma que deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se apostilla la firma del funcionario público impuesta en el documento mas no se certifica ni revisa su contenido. Un documento se debe apostillar cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de la Haya de 1961.
La apostilla también podrá imponerse sobre documento privado. La firma del documento privado deberá ser reconocida por notario público; la firma de éste último deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El listado de estados contratantes del Convenio puede consultarse en https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Los documentos apostillados no requieren otras legalizaciones o autenticaciones; sin embargo, si la apostilla o el documento apostillado se han expedido en idioma diferente al español, deben ser traducidos por traductor oficial inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores y llevar la firma del traductor.

La legalización consiste en reconocer la firma de funcionario público en ejercicio de sus funciones previo registro en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento sea válido en otro país. Se legaliza la firma del funcionario público impuesta en el documento, más no se certifica ni revisa su contenido. Un documento se debe legalizar cuando el país en el cual surtirá efectos no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de la Haya de 1961. La legalización también podrá imponerse sobre documento privado.
La firma del documento privado deberá ser reconocida por notario público; la firma de éste último deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los documentos expedidos en el exterior con fines probatorios en Colombia, y los documentos expedidos en Colombia cuya traducción se requiera apostillada o legalizada en el país de destino, deben ser traducidos por traductor oficial inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.